Según la normativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en virtud de la Ley 64-00, establece que: “Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas”.

El cobro de las aguas subterráneas, según lo dispone el Ministerio de Medio Ambiente, estará a cargo de la CAASD, en su área de jurisdicción, hasta tanto se realice un inventario de todos los pozos a nivel nacional y se establezca un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Empresas del Sector Agua Potable y Saneamiento del País.

Un pozo forma parte del patrimonio común de la Nación, por lo que no existe la propiedad privada de las aguas ni derechos previamente adquiridos sobre ellas.

Artículo 4.1 del Reglamento de la CAASD. “Tanto la Incorporación a las redes del acueducto y/o alcantarillado sanitario, así como la explotación de las aguas subterráneas, mediante pozos propios, el cliente está obligado al cumplimiento de las condiciones establecidas en este reglamento, así como al pago de las tarifas correspondientes”.